El delegado del Gobierno en Madrid sostiene que carece de competencias en materia sanitaria y que no fue consciente del « riesgo »
El delegado del Gobierno en Madrid, Jos Manuel Franco, este mircoles, a su llegada al juzgado.
El delegado del Gobierno en Madrid no vio « riesgo » para la poblacin en la celebracin de la manifestacin del 8-M. Jos Manuel Franco, imputado por un delito de prevaricacin administrativa, declar este mircoles durante una hora y media ante la titular del Juzgado de Instruccin nmero 51 de Madrid, la juez Carmen Rodrguez-Medel, y seal que l mismo y su hija, « que es mdico », acudieron a la manifestacin del Da de la Mujer. El imputado aport ese detalle ilustrativo a la juez como prueba clara de que no era consciente de la gravedad de la situacin en aquellas fechas.
A lo largo del interrogatorio, Jos Manuel Franco repiti que el organismo que l dirige no tiene competencia en materia sanitaria y apunt de forma velada a que antes del 8-M las mismas correspondan a la Comunidad de Madrid. Adems, el dirigente socialista subray que antes del 8 de marzo no contaba con instrucciones o indicaciones de ninguna autoridad -ni regional ni nacional- donde se instara a la suspensin de eventos masivos como la manifestacin del Da de la Mujer.
Segn informaron fuentes presentes en el interrogatorio a EL MUNDO, el delegado del Gobierno explic adems que recibi a posteriori informes alertando sobre la propagacin de la Covid-19, en concreto, a partir del 11 de marzo, tres das antes de que se decretara el estado de alarma. Se da la circunstancia de que el delegado del Gobierno, defendido por la Abogaca del Estado, es el nico dirigente poltico investigado en el primer procedimiento penal abierto derivado de la pandemia.
Su lnea de defensa durante el esperado cara a cara con la magistrada Rodrguez-Medel, duramente atacada por su abogada, se bas en recalcar que la delegacin slo tiene competencia en cuestiones de orden pblico, pero en ningn caso en materia de salud. Ellos no son expertos en cuestiones sanitarias.
Franco seala a la Comunidad de Madrid
Tal y como ha deslizado la Abogaca del Estado en los sucesivos recursos presentados en el juzgado, el 8 de marzo la autoridad competente en cuestiones sanitarias era la Consejera de Sanidad del Gobierno regional de Isabel Daz Ayuso. Jos Manuel Franco dispar en la misma direccin.
El imputado explic que fue a partir del 9 de marzo cuando empezaron a tomar conciencia del riesgo y peligro que entraaba el coronavirus. Ese da la presidenta madrilea orden el cierre de los colegios, institutos y universidades por el virus. No fue hasta el 11 de marzo, cuando la Comunidad de Madrid les remiti un informe con las restricciones acordadas por la Covid-19, segn indic el propio Franco.
Por otro lado, el responsable del rgano delegado del Ejecutivo en Madrid recalc durante su comparecencia que « las manifestaciones no se autorizan, slo se tiene conocimiento de ellas ». Tambin resalt que envi una carta el 13 de marzo a los trabajadores de la delegacin para darles tranquilidad frente a la Covid-19 y aadi que lo hizo tambin para vigilar el estricto cumplimiento de la normativa con el objetivo de « garantizar la seguridad ciudadana ».
Preguntado por el protocolo interno que la delegacin del Gobierno distribuy a sus empleados, fechado el 28 de febrero, pidindoles que mantuvieran el distanciamiento social, Franco respondi que no lo recibi a tiempo debido a un problema de sincronizacin de su correo electrnico.
« Se hizo lo que marcaba la ley »
Al trmino de su comparecencia, Jos Manuel Franco atendi a los medios de comunicacin a las puertas de los juzgados de Plaza de Castilla y seal que su actuacin fue siempre « con arreglo a la Ley y a las noticias que se iban teniendo por parte de los expertos sobre la evolucin del coronavirus ».
El investigado tambin explic a los periodistas que « en absoluto se considera responsable del 8-M, porque en aquel momento no haba ningn elemento que le llevara a prohibir un derecho fundamental » como el derecho de manifestacin. « Se hizo lo que en aquel momento marcaba la ley », argument Franco.
Por otro lado, el socialista insisti en que « no est acreditado bajo ningn concepto » que el incremento de casos registrado el 9 de marzo, 24 horas despus de la marcha feminista, « tuviera que ver con la manifestacin », dado que el contagio del virus tarda « ms o menos 14 das » en manifestarse.
El propio mdico forense adscrito al juzgado ha apuntado a que no es posible saber si una persona que haya asistido a manifestaciones ha resultado infectada por Covid-19 en esas concentraciones masivas « o en otro lugar ».
Testigos reconocen que hubo ‘descontrol’
Junto a l declararon como testigos ante la juez Carmen Rodrguez-Medel el secretario general de la delegacin del Gobierno, Fernando Talavera; el jefe del gabinete del delegado del Gobierno, Luis Mara Sanz; y el director de la Unidad de Seguridad Ciudadana, Jos Luis Correas Daz.
Este ltimo explic que en la delegacin del Gobierno no tenan claro quin era la autoridad competente para comunicarles los riesgos derivados del coronavirus, si la Administracin central a travs del Ministerio de Sanidad o la Comunidad de Madrid. El testigo revel que desde la delegacin del Gobierno se elev una consulta a la Abogaca del Estado para que informara de dicha competencia.
Asimismo, Correas admiti que frente al coronavirus hubo cierto descontrol, ya que pensaban inicialmente que era como una gripe. Tambin aadi que si le propio Fernando Simn, director del Centro de Coordinacin de Emergencias y Alertas Sanitarias, dio libertad a su hijo para ir al 8-M, cmo iban a pensar ellos que haba un riesgo real de contagio.
La instructora de Plaza de Castilla ha mantenido la imputacin y citacin del dirigente socialista Jos Manuel Franco tras recibir dos extensos atestados de la Guardia Civil y un exhaustivo informe forense donde se cuestiona la actuacin de la delegacin del Gobierno al permitir la marcha del Da de la Mujer en plena expansin del virus Covid-19.
Acusaciones, sin la Fiscala
La Fiscala no ejerce de acusacin en este procedimiento, ya que no aprecia indicios de delito en el comportamiento de Jos Manuel Franco y ha pedido a la Audiencia de Madrid el archivo del caso.
En contraposicin, la acusacin popular en el procedimiento la ejercen la asociacin Unin de Oficiales de la Guardia Civil y la Asociacin de Consumidores y Usuarios Jos Mara Mena. El denunciante inicial el caso, el abogado Vctor Valladares, no pudo estar presente en la declaracin del delegado del Gobierno por un problema derivado de su personacin. Fuentes jurdicas informan de que la propia instructora dirigi parte de los interrogatorios.
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