Cinco personas procesadas
La magistrada abre juicio oral y seala al sindicato como responsable subsidiario del desvo de casi 1,5 millones de euros
Agentes de la UCO de la Guardia Civil registran la sede de la UGT de Asturias, en 2017, en Oviedo.
EFE
El Juzgado de Instruccin nmero 4 de Oviedo ha abierto juicio oral por un delito de fraude de subvenciones a la UGT de Asturias y le impone una fianza de 1,6 millones de euros. La decisin la acaba de adoptar despus de que la Audiencia Provincial de Oviedo haya rechazado todos los recursos de la organizacin sindical y de cinco ex dirigentes, entre ellos el ex secretario general, Justo Rodrguez Braga, a los que la Fiscala atribuye el desvo de 1,4 millones entre los aos 2010 y 2014 procedentes de cursos de formacin.
El auto de la juez Mara Luisa Llaneza, al que ha tenido acceso EL MUNDO, contra el que no cabe recurso, ha fijado la citada fianza para todos los acusados, considerando a la UGT como responsable subsidiario. La instructora advierte a todos ellos de que si no depositan esa cantidad, embargar automticamente todos sus bienes.
La investigacin sobre el desvo de fondos de los cursos de formacin por parte de la UGT asturiana comenz en 2014 por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tras descubrir una operativa similar en la delegacin de Andaluca de la organizacin sindical.
El Ministerio Pblico ha pedido que Rodrguez Braga sea condenado a una pena de 10 aos de prisin por haber acometido un « desvo sistemtico » de fondos a travs de un entramado societario vinculado a l con el que tericamente se dedicada a organizar cursos formativos.
Dinero defraudado, 1,2 millones de euros
A juicio de la Fiscala, « se llev a cabo una actuacin concertada, una operativa orientada al sistemtico desvo de parte de los fondos pblicos recibidos, que supona un beneficio econmico que reverta en la propia organizacin sindical ».
El dinero distrado fue empleado, segn ha acreditado la investigacin, al pago de gastos estructurales de la UGT asturiana, fundamentalmente para cubrir los costes de su personal laboral. Pero tambin para capitalizar una sociedad denominada Infastur, con la que se cubrieron las prdidas de una promocin inmobiliaria desarrollada por la cooperativa de vivienda del sindicato.
El Ministerio Pblico estableci que la distraccin de fondos se instrument « mediante diversos subterfugios con lo que lograban enmascarar los costes reales de ejecucin de las acciones formativas por las que reciban subvenciones, ocultando a la Administracin de la que reciban las subvenciones el sobrecoge en que incurran ».
La Intervencin General del Estado cuantific en 1.462.666 euros el dinero desviado durante cuatro aos, ocasionando un fraude que eleva a 1.176.443,41 euros.
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