Agentes registran las instalaciones de la empresa Consenur, especializada en el traslado y eliminacin de desechos peligrosos
Sanitarios aplauden a las puertas del Hospital 12 de Octubre de Madrid.
La Guardia Civil intensifica la investigacin iniciada a finales de abril sobre el tratamiento presuntamente ilegal de residuos infectados por coronavirus. Y lo ha hecho registrando este mircoles las instalaciones en Madrid de una de las grandes empresas especializadas en el traslado y eliminacin de esta clase de desechos peligrosos, Consenur, uno de cuyos portes fue intervenido e inmovilizado en Palma tras detectarse que estaba a punto de ser embarcado con destino a Tarragona sin cumplir con las medidas sanitarias obligatorias para esta clase de residuos.
Los agentes intervinieron entonces un camin con material sanitario infectado por coronavirus que habra sido utilizado en el principal hospital pblico de Mallorca y otros centros hospitalarios privados. Segn fuentes conocedoras de la investigacin, los agentes advirtieron de que no se estaban cumpliendo las medidas de aislamiento y esterilizacin obligatorias. El camin, entre otras deficiencias investigadas, no estaba refrigerado.
Tras aquel hallazgo, el Servicio de Proteccin de la Naturaleza de la Guardia Civil inici una investigacin que inicialmente orquest el Juzgado de Instruccin nmero 3 de Palma y que, como desvel EL MUNDO, provoc la detencin de una persona relacionada con la empresa investigada. Tras tomarle declaracin, qued en libertad con cargos. Las pesquisas se han seguido desarrollando bajo secreto de sumario.
Durante este mircoles, agentes de la polica judicial han estado registrando la sede de la empresa investigada, perteneciente a un grupo multinacional y que posee plantas de tratamiento distribuidas en toda Espaa. Una de ellas, la de Mallorca, ubicada junto al principal centro de tratamiento de residuos de la isla, el polgono industrial de Ses Veles, ya fue inspeccionada por las autoridades, que abrieron un expediente al hallar defectos en el tratamiento de los residuos derivados de las labores sanitarias para combatir el coronavirus, principalmente equipos empleados por los sanitarios y pruebas de laboratorio.
Guantes, mascarillas y batas
El Gobierno de Baleares abri un expediente sancionador que podra traducirse en sanciones econmicas de entre 300.000 euros y 1,7 millones de euros. Como inform este diario el pasado mes de mayo, la operacin policial se inici con una inspeccin aleatoria llevada a cabo por la Guardia Civil en el puerto palmesano. All se descubri la mercanca procedente de los centros sanitarios.
Segn fuentes prximas a las pesquisas, los responsables de la empresa aluden a la cantidad de residuos generados durante la pandemia para justificar que no se ha cumplido con el protocolo establecido. Asimismo, las mismas fuentes subrayan que contrataron a una empresa de transporte para que llevara el material y que confiaban en que esta compaa cumpliera con los requisitos legales.
El 27 de marzo, la Secretara de Estado de Medio Ambiente dict una instruccin sobre la gestin de residuos hospitalarios en contacto con la Covid-19. En ella se estableca que « los residuos procedentes de hospitales, ambulancias, centros de salud, laboratorios o establecimientos similares, as como aquellos derivados de la desinfeccin de las instalaciones, se consideraran como residuos infecciosos y se gestionarn como tales ».
De tal forma que « guantes, mascarillas, batas, etc » deben ser puestos en manos de empresas especializadas y « maximizar el llenado de los contenedores para lograr una gestin lo ms eficiente posible ».
El protocolo a seguir
Asimismo, establece que los contenedores que alberguen material infectado, ya sea para su almacenamiento o traslado, « deben permanecer cerrados », sin que se pueda manipular ni trasvasar su contenido. Por lo que deben emplearse « preferentemente contenedores o recipientes estancos que permitan la manipulacin por medios mecnicos ».
La propia Fiscala de Medio Ambiente dio traslado, adems, de un oficio, el 26 de marzo, a los delegados territoriales del Ministerio Pblico para que vigilen « el correcto seguimiento del contenido de la citada orden » gubernamental « en lo relativo al tratamiento, gestin y disposicin de los residuos controvertidos », y les instaba a llevar a cabo este control mediante los diferentes cuerpos policiales.
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